Por: Juan Carlos López Castrillón.
Cualquiera pensaría que con el título de este artículo me voy a referir al debate que hicieron los concejales de Popayán hace una semana en la instalación de las sesiones extraordinarias de la corporación. No. Además, creo que hay que superar la identificación mental que “por ser de perro” tiene una connotación negativa.
El titular tampoco hace relación al animal del calendario chino, pues este 2024 le corresponde al dragón. El próximo año del perro será en el 2030.
Quiero hablar es de los tiempos de las obras públicas y sus cuasi equivalencias a los años de ese querido animal, el perro, frente a los del ser humano, sobre lo cual hay distintas teorías. Se dice que, dependiendo de la raza y la talla, un año canino puede estar entre 7 y 10 de los nuestros. Para los fines prácticos de este artículo, nos quedamos con los siete de perro por uno del hombre.
Ahora, entremos en materia. Si nos ponemos a hacer historia sobre los tiempos de las obras de infraestructura en cualquier parte de Colombia, frente a lo estipulado en el papel, nos vamos dando cuenta que no estamos lejos de que, en el caso de las obras, estos tiempos sean más parecidos a la contabilidad de los años de perro que a cualquier otro mecanismo de medición.
Lo anterior es mucho más cierto si a una obra la coge el cambio de un gobierno a otro. Mientras los que salen le explican a los que entran, estos valoran el objeto y su alcance, revisan si se puede cambiar el trazado, si es aéreo o subterráneo, si es mejor un puente para no bordear un humedal, si queda o no en el plan de desarrollo… En fin, en ese arranque o reinicio pasan meses, a veces años. En ocasiones, aunque el contrato esté firmado y financiado, prefieren tenerlo suspendido en tanto se absuelven todas las dudas.
Hay funcionarios más osados que llevan poco a poco a las empresas al convencimiento que es mejor ceder los contratos, para que los ejecutores sean más “cercanos” y, ojalá, de ñapa con el de interventoría. Así es más cómodo.
Sin hablar todavía que muchas obras se quedan paralizadas por los tecnicismos de las vigencias expiradas para pagar las actas, y que el contratista solo reanuda tareas cuando le lleguen las vigencias futuras. También vendrán las solicitudes de reajustes de precios, los permisos ambientales que no estaban al principio, las consultas con las comunidades, la compra de tierras, las suspensiones por el orden público, por la ola invernal, por el fenómeno de El Niño, por el de La Niña. Faltan las investigaciones de los “órganos de control”y las advertencias de las veedurías. Sin contar que, en todo este tránsito, el contratista no se quiebre, y ahí hay que esperar a ver quién retoma el contrato.
¡Ah! Y luego hay que cuadrar los tiempos de finalización con los intereses electorales, pensando ingenuamente que la inmensa mayoría de la gente se va a acordar de quién hizo una avenida o un puente. Los que hacían política antes decían: “Obra da votos, pero puesto mata obra”; ahora es más complicado, pues se dice que “Plata mata puesto, y plata mata todo”.
Por todo lo anterior, tristemente y a fuerza de realidades terminamos acostumbrándonos a que un año de contrato normal en una obra de inmensa necesidad para la comunidad, que en cualquier otro país medianamente civilizado se asimilaría a un año calendario, aquí se parece cada día más a un año de perro. Por eso no se hagan ilusiones.
Postdata: ¡Muy bien por la marcha de La Paz del pasado viernes en Popayán! Ojalá los violentos hayan entendido el mensaje.
