La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, así como al jefe de despacho presidencial, Alfredo Saade, por presuntas irregularidades en el manejo del proceso de elaboración y distribución de pasaportes en el país.
Según informó la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, los exfuncionarios podrían haber incurrido en fallas durante el tiempo que ocuparon sus cargos, al no estructurar de manera eficiente y oportuna el proceso de transición del modelo para la emisión de pasaportes. En el caso de Murillo, la Procuraduría señaló el presunto uso indebido de la figura de urgencia manifiesta, declarada en septiembre de 2024, lo que habría afectado la contratación del servicio.
Respecto a Laura Sarabia, el ente de control advierte que desde abril de 2025 tuvo conocimiento de que el cronograma previsto para la implementación del nuevo esquema —que incluía la participación de la Casa de la Moneda de Portugal— era inviable, tanto por factores logísticos como por la limitada capacidad operativa de la Imprenta Nacional, encargada de asumir el nuevo proceso.
Por su parte, Alfredo Saade es investigado por presunta extralimitación de funciones, al dar instrucciones directas a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para modificar la asignación de citas destinadas a la expedición de pasaportes, sin contar con la competencia legal para ello.
Como parte de la etapa probatoria, la Procuraduría solicitó el acompañamiento técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que deberá realizar una inspección a la Imprenta Nacional con el fin de determinar si cuenta con las capacidades necesarias para cumplir con las exigencias del nuevo modelo de producción de pasaportes.
El presidente Gustavo Petro responde con fuertes críticas al ente de control
La decisión de la Procuraduría no tardó en generar reacciones desde la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro arremetió con dureza contra el órgano de control, al considerar que sus acciones interfieren con las competencias constitucionales del Ejecutivo.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario acusó a la Procuraduría de haber obstaculizado una investigación por libre competencia en contra de la empresa Thomas Greg & Sons, antigua contratista del servicio de pasaportes. “La procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas and Greeg [sic], que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios”, escribió Petro.
El presidente fue más allá, señalando que el gobierno “no está arrodillado” a los intereses empresariales representados por esta compañía, de la que —según él— hacen parte figuras de la élite política nacional: “Absolutamente inmoral que candidatos de alta gama de la oligarquía dirijan la empresa que hace los cómputos. Enorme burla a la democracia”.
Petro defendió la labor de sus funcionarios y reafirmó su compromiso con la defensa de la libre competencia: “La Procuraduría no está para atemorizar funcionarios en cumplimiento de su deber, sino para hacer cumplir la Constitución”, y concluyó con una advertencia: “La facultad de cuidar la libre competencia es una facultad constitucional del presidente de la república, y la haré valer”.
Este nuevo episodio agrava la tensión entre el Ejecutivo y los órganos de control, en un contexto marcado por la polémica contratación del servicio de pasaportes, que ya ha generado múltiples controversias y retrasos en el país. La investigación continúa.
