La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha divulgado los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”, tras imputar a los máximos responsables por crímenes de guerra y lesa humanidad. Se espera que, a medida que avance la investigación, se revelen los nombres de las 6.402 víctimas identificadas.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha dado a conocer los nombres de 1.934 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, comúnmente denominadas “falsos positivos”. Estas revelaciones se producen después de que los máximos responsables de estos crímenes fueran imputados por delitos de guerra y de lesa humanidad. La JEP ha indicado que, conforme avance la investigación, se podrán divulgar los nombres de las 6.402 víctimas que han sido plenamente identificadas.
Los “falsos positivos” se refieren a asesinatos cometidos por miembros de la fuerza pública, quienes presentaban a civiles inocentes como guerrilleros muertos en combate, con el fin de obtener beneficios y mostrar resultados en la lucha contra grupos armados ilegales. Este oscuro capítulo de la historia colombiana tuvo su auge entre 2002 y 2008, dejando miles de familias afectadas y una profunda herida en la sociedad.
La decisión de la JEP de revelar las identidades de las víctimas busca dignificar su memoria y reconocer el sufrimiento de sus familias. En una ceremonia solemne, se leyeron en voz alta los nombres de las 1.934 personas, en un esfuerzo por humanizar las cifras y recordar que detrás de cada número hay una vida truncada y una familia en duelo. El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, enfatizó: “La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy leemos los nombres de 1.934 víctimas. Este listado es el resultado de una alta contrastación“.
Al imputar a los máximos responsables y hacer públicas las identidades de las víctimas, la JEP busca esclarecer la verdad, garantizar la reparación a las familias afectadas y asegurar que atrocidades como estas no se repitan.
Jacqueline Castillo, líder de las Madres de Soacha, un colectivo de madres cuyos hijos fueron víctimas de los “falsos positivos”, expresó su sentir respecto a la divulgación de los nombres: “No tendrían por qué exponer los nombres de los 6.402 falsos positivos porque sus familiares no son un objeto que está a la venta”. citeturn0search2
La revelación de estas identidades ha generado diversas reacciones en la sociedad colombiana. Organizaciones de derechos humanos han valorado positivamente la decisión, considerándola un avance hacia la verdad y la justicia. Sin embargo, también han señalado la importancia de proteger la dignidad y privacidad de las familias afectadas, evitando su revictimización.
Por otro lado, sectores críticos han cuestionado la eficacia de la JEP y la pertinencia de hacer públicas estas identidades en este momento. Algunos argumentan que podría poner en riesgo la seguridad de las familias y entorpecer procesos judiciales en curso. No obstante, la JEP ha asegurado que la divulgación se realizó con el consentimiento de las familias y siguiendo protocolos de seguridad y confidencialidad.
La JEP ha reiterado su compromiso de continuar avanzando en las investigaciones y en la imputación de los responsables de estos crímenes. Se espera que, en la medida en que se obtengan más evidencias y se consoliden los casos, se puedan revelar las identidades de las restantes víctimas, completando así el reconocimiento de las 6.402 personas que, según registros, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Este proceso es fundamental para la construcción de una paz duradera en Colombia. Reconocer a las víctimas, esclarecer la verdad y sancionar a los responsables son pilares esenciales para sanar las heridas del pasado y construir una sociedad más justa y equitativa. La labor de la JEP, aunque compleja y desafiante, es crucial en este camino hacia la reconciliación nacional.
En conclusión, la decisión de la JEP de revelar los nombres de 1.934 víctimas de los “falsos positivos” marca un hito en la búsqueda de justicia y verdad en Colombia. Este acto dignifica a las víctimas y sus familias, y reafirma el compromiso del país con la memoria histórica y la no repetición de estos crímenes atroces. La sociedad colombiana enfrenta el reto de acompañar este proceso con empatía, respeto y un firme compromiso con la paz y la justicia.
