En un paso clave hacia la construcción de la Paz Total en Colombia, el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre, radicó el proyecto ante el Congreso de la República
El proyecto, según explicó el ministro Montealegre, representa una hoja de ruta sólida para enfrentar el conflicto armado y el crimen organizado a través de un enfoque basado en justicia, verdad y reparación. “Se trata de una apuesta jurídica seria que recoge las lecciones del pasado y propone nuevas estrategias para alcanzar resultados reales”, afirmó.
Tratamiento diferenciado según la naturaleza del grupo
Uno de los aspectos fundamentales de la propuesta es el tratamiento diferenciado que se dará a los distintos actores ilegales. En el caso de organizaciones con carácter político, como el ELN y las disidencias de las extintas FARC, se abrirá la posibilidad de entablar negociaciones de paz, reconociendo su condición para avanzar en ese camino.
Por otro lado, las estructuras criminales como el Clan del Golfo no serán objeto de negociación política, sino de un proceso de sometimiento a la justicia. En estos casos, los beneficios jurídicos estarán condicionados a la entrega real de armas, la colaboración con la justicia, el desmantelamiento de sus redes y la reparación de las víctimas.
“El objetivo no es premiar a los criminales, sino dotar al Estado de herramientas eficaces para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”, explicó Montealegre, al enfatizar que el proyecto establece requisitos estrictos y verificables para acceder a cualquier tipo de beneficio legal.
Compromisos claros para recibir beneficios
Entre las condiciones establecidas, el proyecto señala que solo podrán acceder a beneficios aquellos actores que cesen sus ataques a la población, cuenten la verdad, reparen a las víctimas y demuestren su compromiso con la reintegración. Además, subraya que, incluso en los casos de sometimiento, se garantizará un mínimo de pena privativa de la libertad, como garantía de justicia para las víctimas y de no repetición.
Montealegre también destacó que esta iniciativa busca resolver uno de los problemas estructurales del sistema judicial colombiano: la dispersión normativa que dificulta la acción de jueces, fiscales y demás autoridades. El nuevo marco legal unificará criterios, reducirá ambigüedades y mejorará la capacidad del Estado para responder ante el crimen organizado.
Hacia una paz con justicia y seguridad
“El país contará con normas claras para lograr el desarme, la desmovilización y la reintegración de los grupos armados ilegales, respetando siempre los derechos de las víctimas”, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
La radicación de este proyecto representa un paso significativo en la ruta del Gobierno hacia una paz verdadera, basada no en concesiones arbitrarias, sino en justicia, verdad, reparación y seguridad para todos los colombianos. El Congreso tendrá ahora la responsabilidad de debatir y aprobar esta propuesta que, de convertirse en ley, redefinirá la manera en que Colombia enfrenta los desafíos de la violencia armada y el crimen organizado.
