La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Magdalena, Omar Díazgranados, a 10 años de prisión por haber recibido recursos de la captadora ilegal DMG a cambio de favorecerla con contratos. La decisión confirma su responsabilidad en concierto para delinquir y cohecho.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de cárcel al exgobernador del Magdalena, Omar Díazgranados Velásquez, por haber establecido un acuerdo criminal con David Murcia Guzmán, creador de la pirámide financiera DMG. Según el fallo, durante su paso por la Gobernación entre 2004 y 2007, Díazgranados recibió recursos económicos de la captadora ilegal a cambio de beneficiar sus intereses mediante la adjudicación de contratos públicos.
La sentencia, que incluye una pena de prisión y la inhabilidad para ejercer cargos públicos, fue proferida tras una investigación que logró demostrar que el exmandatario incurrió en los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho propio. El fallo señala que Díazgranados actuó con conocimiento de la ilegalidad de DMG y decidió involucrarse con sus directivos, otorgándoles ventajas contractuales a cambio de financiación.
El caso hace parte de una serie de investigaciones que desde hace años rastrean los vínculos de autoridades públicas con DMG, una de las estructuras de captación ilegal más grandes de la historia del país, intervenida por el Estado en 2008. David Murcia Guzmán, su fundador, cumple condena por lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero, y fue extraditado a Estados Unidos en 2010.
Durante el juicio, la Corte examinó testimonios, registros de transferencias, contratos y comunicaciones que evidencian el vínculo entre Díazgranados y los emisarios de DMG. Entre las pruebas más contundentes figura el ingreso de dineros de la captadora a la campaña del entonces gobernador, así como la asignación de contratos en sectores estratégicos como salud, tecnología y comunicaciones a empresas vinculadas al entramado financiero de Murcia Guzmán.
La decisión fue recibida como un importante precedente en la lucha contra la corrupción y el vínculo entre estructuras criminales y la clase política. Diversas voces han señalado que este fallo contribuye a desmontar la percepción de impunidad que rodea a muchos exfuncionarios comprometidos con este tipo de redes ilegales.
Sin embargo, también despierta preocupación por la profundidad del daño institucional que dejó la penetración de DMG en entidades públicas. Aunque el caso de Díazgranados es uno de los más notorios, no fue el único dirigente señalado de recibir apoyo o beneficios de esta estructura ilegal. En su momento, varios exalcaldes, congresistas y funcionarios fueron investigados por relaciones similares.
La Corte recordó en su decisión que el poder público no puede estar al servicio de intereses privados ilegales y que los servidores públicos están obligados a proteger el patrimonio estatal y la legalidad. Además, subrayó que la lucha contra las economías ilícitas requiere, además de controles administrativos y judiciales, un compromiso ético de los funcionarios con la transparencia.
La defensa del exgobernador no ha confirmado si interpondrá recursos, pero sí ha manifestado su desacuerdo con la condena, insistiendo en que las pruebas fueron mal valoradas. Por ahora, Díazgranados deberá cumplir la pena impuesta, lo que representa el cierre judicial de un capítulo más en la historia de DMG y sus redes de poder.
