
La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana de Inminencia ante la expansión del Frente Jaime Martínez del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) en la zona rural de Popayán. La advertencia señala un inminente control territorial sobre los corregimientos de Los Cerrillos, Las Mercedes, Santa Rosa, La Meseta, La Yunga, El Tablón, El Charco y Cajete, lo que incrementa el riesgo de violaciones a los derechos humanos, restricciones a la movilidad y extorsiones a la población campesina.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
Derechos de autor: Defensoría Nacional del Pueblo.
Una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo (AT N°004-2025, emitida el 17 de febrero de 2025) advirtió sobre la expansión territorial del Frente Jaime Martínez – parte del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), disidencia de las FARC-EP bajo el mando de “Iván Mordisco” – hacia la zona rural noroccidental de Popayán. Según el documento, este grupo armado ha incursionado en corregimientos rurales como Los Cerrillos, Las Mercedes, Santa Rosa, La Meseta, La Yunga, El Tablón, El Charco y Cajete. Habitantes de estas localidades reportan la presencia activa de los disidentes, con patrullajes armados, retenes ilegales en las vías e incluso restricciones al tránsito de vehículos. Las comunidades señalan que integrantes del Frente Jaime Martínez han convocado a la población a reuniones forzadas en veredas de esos corregimientos y ya imponen ciertas normas de conducta: por ejemplo, controlan que no ocurran robos en los caminos y regulan la movilidad, exigiendo el uso de casco para motociclistas y restricciones en las ventanas de los vehículos que transitan por la zona. Aunque hasta el momento no han recurrido a agresiones directas contra los civiles locales, estos hechos evidencian un intento de control territorial por parte del grupo armado.
Derechos de autor: Defensoría Nacional del Pueblo.
¿Primera alerta temprana para esta zona?
La situación es inédita en Popayán, pues es la primera vez en años recientes que la Defensoría emite una alerta temprana enfocada específicamente en la violencia armada en la zona rural de este municipio. En alertas anteriores, Popayán solo había sido mencionado con riesgo medio asociado a otras problemáticas – por ejemplo, en 2023 figuró en una alerta temprana sobre amenazas a líderes sociales y en otra sobre riesgo electoral – pero no enfrentaba escenarios de riesgo inminente de acciones armadas dentro de su jurisdicción. Esta Alerta 004-2025 marca un punto de quiebre, al advertir por primera vez un peligro directo de incursión guerrillera en la periferia de la capital caucana. De materializarse la expansión del Frente Jaime Martínez en estos corregimientos, la Defensoría advierte que se consolidaría un corredor de control insurgente que conectaría Popayán con áreas históricamente conflictivas (como El Tambo y Cajibío), lo que podría replicar en Popayán los repertorios de violencia ya vividos en esos municipios vecinos. En otras palabras, la violencia crítica que azota al Cauca estaría tocando las puertas de la ciudad.
Impacto en la población y vida cotidiana
Para las comunidades rurales de Popayán, la presencia de este grupo armado está teniendo fuertes implicaciones en la vida cotidiana. Organizaciones de derechos humanos y líderes locales han expresado que la población siente temor y zozobra, al punto que muchas familias se encierran en sus casas temprano por precaución. Un habitante de la zona (quien reservó su nombre por seguridad) describió: “Estamos muy preocupados por lo que está pasando. Mis dos hijos ya no pueden estar en la calle en horas de la noche por el miedo que nos da… En horas de la madrugada, el grupo siempre pasa por mi casa”. Este testimonio refleja cómo la expansión de los disidentes restringe las libertades básicas de los pobladores – los niños y jóvenes dejan de jugar o estudiar en la noche, las visitas familiares solo se hacen de día, y hay una percepción constante de peligro.
La alerta temprana identifica un amplio abanico de riesgos para la población civil si continúa el dominio armado en estas veredas: enfrentamientos y hostigamientos, posibles reclutamientos de menores, extorsiones a comerciantes o finqueros, desplazamientos forzados, imposición de toques de queda y otras normas, e incluso riesgo de minas o violencia sexual. De hecho, la Defensoría señala que en estos sectores hay población especialmente vulnerable – mujeres, niños, jóvenes, líderes sociales y miembros de Juntas de Acción Comunal – que podría verse gravemente afectada . Ya se reporta un incremento de desconfianza y fractura del tejido comunitario, pues la gente teme la infiltración de informantes y la llegada de foráneos ligados a economías ilegales (narcotráfico y minería) que suelen acompañar a estos grupos.
Los líderes comunitarios están en alerta máxima. La presencia armada suele venir acompañada de amenazas contra quienes defienden derechos o representan a la comunidad. La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) ha advertido que en Cauca se ha exacerbado la violencia contra líderes sociales y la vinculación de jóvenes a las filas de los grupos armados, alimentada por la intensificación del conflicto y la falta de oportunidades económicas. “Es urgente proteger a los líderes sociales que siguen siendo blanco de la violencia en el país”, reclamó Hermes Pete, líder indígena caucano y congresista, después de un atentado contra un presidente comunal en Cajibío. Este tipo de hechos generan miedo colectivo y afectan la participación comunitaria: algunos líderes locales optan por el silencio o el exilio para proteger sus vidas, lo que deja a las comunidades aún más desprotegidas.
Por su parte, el Representante a la Cámara, Oscar Campo, señaló en la red social X que:
“𝗠𝘂𝘆 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲. 𝗟𝗮 @DefensoriaCol 𝗮𝗰𝗮𝗯𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝗺𝗶𝘁𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗧𝗲𝗺𝗽𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗺𝗶𝗻𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝟬𝟬𝟰 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝗮𝗱𝘃𝗶𝗿𝘁𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝘅𝗽𝗮𝗻𝘀𝗶ó𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗝𝗮𝗶𝗺𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘁í𝗻𝗲𝘇 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗹 𝗡𝗼𝗿𝗼𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 #𝗣𝗼𝗽𝗮𝘆á𝗻. Reclutamiento de menores, violencia de género, presiones a líderes sociales y extorsiones son algunos de los riesgos a los que están expuestos sus habitantes. Durante este Gobierno Nacional, cada minuto que pasa, la situación de seguridad y violencia en el #Cauca empeora. Hacemos un llamado 𝗨𝗥𝗚𝗘𝗡𝗧𝗘 a las diferentes autoridades para que de 𝗜𝗡𝗠𝗘𝗗𝗜𝗔𝗧𝗢 fortalezcan la seguridad y garanticen la vida de los habitantes de los ocho corregimientos.”
¿Está llegando la violencia crítica del Cauca a Popayán?
El departamento del Cauca vive desde 2022-2023 una escalada de violencia crítica, protagonizada por disidencias de las FARC (como el BOCJA-Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos) y otros grupos armados que disputan territorios tras la firma del Acuerdo de Paz. Municipios caucanos de todas las subregiones han sufrido hostigamientos armados, atentados con explosivos, combates y masacres en los últimos meses. La propia Defensoría señala que aunque en Popayán aún no se han materializado hechos de alto impacto ligados a este escenario de riesgo (homicidios, etc.), la conexión geográfica de los corregimientos rurales con El Tambo y Cajibío configura un corredor de expansión donde los “repertorios de violencia” ya vistos en esos municipios podrían replicarse en el corto plazo. Esos repertorios no son menores: en lugares cercanos, el Frente Jaime Martínez ha realizado ataques directos contra la Fuerza Pública y la población.
Por ejemplo, en Morales (Cauca) – a pocos kilómetros al norte de Popayán – este frente disidente atacó con explosivos la estación de policía y el Banco Agrario el 20 de mayo de 2024, causando cuatro personas asesinadas (dos policías y dos civiles que estaban detenidos en la estación) y varios heridos. Simultáneamente, esa noche los mismos guerrilleros realizaron hostigamientos armados coordinados en tres municipios vecinos (Suárez y Jambaló, en Cauca, y Dagua, Valle). Dos días antes, en Miranda (norte del Cauca), el Frente Dagoberto Ramos detonó un artefacto explosivo que mató a un niño de 10 años y a un hombre de 67, hiriendo gravemente a la madre del menor. Estos hechos, lamentados públicamente por las autoridades – “En 35 días contamos 3 atentados terroristas contra el municipio de Miranda… Esta guerra criminal está acabando con la vida de la población civil”, denunció en mayo de 2024 el gobernador del Cauca – ilustran el nivel de gravedad de la violencia que azota al departamento.
Hasta ahora, Popayán (particularmente su casco urbano) se había mantenido relativamente al margen de esas acciones bélicas directas, funcionando como un refugio frente al conflicto rural. Sin embargo, los acontecimientos recientes indican que la capital caucana ya no es intocable para los grupos armados. En junio de 2024, las disidencias alcanzaron la ciudad de Popayán con un atentado: lanzaron explosivos contra el comando de la Policía Metropolitana, impactando sus instalaciones. Aunque ese ataque no dejó víctimas mortales, sí confirmó los temores de que la violencia se esté extendiendo hacia la cabecera urbana. Asimismo, en 2023 y 2024 se registraron casos de carros bomba en municipios cercanos (Balboa, Timba y otros) e incluso amenazas de ataque a la propia Popayán, presuntamente planeadas por disidencias y neutralizadas a tiempo por las autoridades. Todo esto sugiere que, de consolidarse la presencia del Frente Jaime Martínez en la zona rural de Popayán, podrían presentarse hostigamientos similares a los sufridos en otros municipios del Cauca: ataques a puestos de Policía, emboscadas en las vías, cierre forzado de escuelas (en 2023 alrededor de 1.000 niños tuvieron que suspender clases en el norte del Cauca por enfrentamientos), desplazamientos masivos e incluso toques de queda impuestos por los ilegales.
Las autoridades locales y nacionales parecen conscientes de la amenaza. Tras la alerta temprana, el Ministerio del Interior envió a su directora de Seguridad, Yuly Paola Manosalva, a reunirse con las autoridades de Popayán para trazar medidas de respuesta rápida. Se ha hablado de reforzar la presencia de la Fuerza Pública en los corregimientos vulnerables, mejorar la inteligencia militar y acelerar la respuesta a las alertas comunitarias para prevenir tragedias. No obstante, los habitantes temen que una militarización sin acciones integrales (inversión social, diálogo con las comunidades y control efectivo del territorio) termine derivando en más enfrentamientos que pongan en riesgo a la población civil, tal como ha ocurrido en otras zonas del Cauca.
Un Cauca bajo alerta: comparación con otras regiones
La situación de Popayán, aun siendo alarmante, es un eslabón más de la compleja crisis humanitaria en el Cauca. Este departamento se ha convertido en uno de los más peligrosos de Colombia en la etapa pos-acuerdo. De hecho, Cauca fue el departamento con más alertas tempranas emitidas en 2023: la Defensoría del Pueblo elevó 8 alertas tempranas que mencionaban al Cauca ese año, cifra récord a nivel nacional. En la actualidad, prácticamente todo el territorio caucano está “en alerta” por riesgo de conflicto. Según el Sistema de Alertas Tempranas, la gran mayoría de los 42 municipios del Cauca están cobijados por alguna alerta activa o han sido objeto de advertencias recientes. Municipios desde el Pacífico (Guapi, López de Micay) hasta la Cordillera Central (Inzá, Páez), pasando por el convulso norte (Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Caloto, Corinto) y el sur andino (Argelia, Balboa, Patía, Piamonte), ninguna subregión se salva de la amenaza de grupos armados. Por ejemplo, en octubre de 2023 la Defensoría emitió una alerta de inminencia para 14 municipios del norte del Cauca (y sur del Valle) ante la escalada violenta del mismo Bloque Jacobo Arenas. Y en mayo de 2024 se alertó sobre Argelia (Cauca) por los combates entre el Frente Carlos Patiño y otras facciones, que dejaron decenas de muertos. Es decir, el conflicto abarca a Cauca casi en su totalidad, con distintos frentes disidentes de las FARC (Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Segunda Marquetalia) y también presencia de ELN y bandas criminales en algunas zonas, todos disputándose un departamento estratégico para el narcotráfico, la minería ilegal y las rutas de movilidad.
Esta problemática no es exclusiva del Cauca; otras regiones del país enfrentan situaciones similares de múltiples grupos ilegales presionando simultáneamente a la población civil. Por ejemplo, en el departamento de Arauca (frontera oriental), la Defensoría ha indicado que seis de sus siete municipios están en riesgo extremo por la guerra entre el ELN y disidencias, y el único municipio restante enfrenta riesgo alto. Lo mismo ocurre en la región del Catatumbo (Norte de Santander) y en zonas de Chocó y Nariño, donde gran parte del territorio está bajo disputas armadas. A inicios de 2025, la Defensoría lanzó una alerta temprana nacional (AT 001-2025) advirtiendo que 45 municipios y 3 áreas rurales de Colombia – repartidos entre Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca – se encontraban bajo amenaza extrema por enfrentamientos entre facciones disidentes (“Iván Mordisco” vs “Calarcá”). Este dato evidencia que la fragmentación de las antiguas FARC ha generado conflictos simultáneos en amplias zonas del país, reproduciendo escenarios de violencia en departamentos tan diversos como los de la frontera con Ecuador, la Amazonía y la costa Pacífica.
Sin embargo, el Cauca ocupa un lugar particular en esta crisis nacional. Analistas señalan que, con solo 2,5% del territorio nacional, el Cauca condensa prácticamente todos los problemas del conflicto colombiano: presencia de múltiples actores armados, disputas históricas por la tierra, cultivos de coca en aumento, minería ilegal, abandono estatal e incluso violencia étnica y social.
Conclusión: gravedad de la alerta y necesidad de acción
La alerta temprana en Popayán es un llamado de atención urgente. Señala que la violencia que desangra al Cauca ya no es un asunto lejano de la capital, sino una realidad cercana que podría escalar rápidamente si no se toman medidas. Para los habitantes de los corregimientos popayanejos, esta alerta no es una abstracción sino un reflejo de miedos palpables: miedo a que sus hijos sean reclutados, a perder sus tierras, a que una bala perdida atraviese las paredes de sus casas. Los testimonios de la comunidad revelan una vida cotidiana condicionada por el terror y la incertidumbre. Los expertos en seguridad y derechos humanos advierten que ignorar estas señales puede derivar en tragedias mayores, como ha ocurrido en tantos rincones del Cauca.
La situación exige una respuesta integral del Estado. Además de la reacción policial y militar – necesaria para contener a los grupos armados y proteger a la población – los líderes sociales insisten en la presencia institucional sostenida: inversión en las veredas olvidadas, oferta educativa y de empleo para los jóvenes (quitándole base al reclutamiento), protección efectiva a líderes comunitarios y cumplimiento de los acuerdos de paz pendientes en la región. “Este ataque cobarde… es un golpe a quienes trabajan por la paz. No podemos permitir que el miedo gobierne nuestras comunidades”, expresó el líder Hermes Pete tras el atentado en Cajibío, reflejando el sentimiento de muchos caucanos. En la misma línea, organizaciones indígenas y campesinas del Cauca han hecho un llamado a la sociedad: que no se normalice la violencia en el departamento y que la solidaridad nacional se vuelque para exigir la protección de estas poblaciones vulnerables.
En síntesis, la expansión del Frente Jaime Martínez hacia Popayán es una alerta temprana en todo el sentido de la palabra: una advertencia que busca prevenir una catástrofe mayor. Ignorarla podría implicar que la “Ciudad Blanca” de Popayán comience a vivir escenas de guerra que se creían exclusivas de zonas apartadas. Visibilizar la gravedad de lo que ocurre – mediante informes como este, con voces de víctimas, líderes y analistas – es el primer paso para movilizar las acciones necesarias que devuelvan la tranquilidad a la región. Como ha insistido la Defensoría del Pueblo, se requiere acción inmediata y coordinada de todas las entidades del Estado para salvaguardar la vida, la integridad y la paz de los habitantes de Popayán y del Cauca. Solo así se podrá frenar a tiempo la avanzada de la violencia y evitar que el miedo siga arrebatando los derechos y los sueños de toda una comunidad.