
El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, insta a las partes en conflicto a tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil en Colombia
La intensificación de las hostilidades, el endurecimiento del control de los grupos armados sobre la población civil y la creciente falta de respeto del derecho internacional humanitario aumentaron de manera alarmante los riesgos para la vida, la integridad y la dignidad de miles de personas.
“El sufrimiento de estas comunidades no es una consecuencia inevitable de los conflictos armados. Es el resultado directo de la falta de respeto a las normas humanitarias diseñadas precisamente para proteger a quienes no participan en las hostilidades”, afirmó Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia. “La población civil sigue pagando un precio demasiado alto. Esto no debería suceder”.
En 2024, el CICR documentó 382 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), reflejo de la creciente falta de respeto a las normas que protegen a la población civil y a quienes han quedado fuera de los enfrentamientos. El 44 % de estas violaciones estuvieron dirigidas contra la vida y la integridad física y mental de las personas protegidas por el DIH. Un 33 % se relacionó con la conducción de las hostilidades, particularmente con el incumplimiento de la obligación de las partes en conflicto de tomar precauciones para proteger a la población civil y los bienes de carácter civil de los efectos de los ataques. El 23 % restante abarcó hechos que afectaron la satisfacción de las necesidades básicas en las comunidades, su bienestar y el acceso a servicios esenciales.
Estas cifras, a pesar de reflejar únicamente los casos documentados directamente por el CICR, evidencian los graves retos que enfrenta el país para garantizar la protección de quienes no participan en las hostilidades. El CICR expresó su profunda preocupación ante esta falta de respeto al DIH y recordó que las partes en conflicto tienen la responsabilidad inexcusable de salvaguardar a la población civil.
“No se trata de un gesto de buena voluntad. Es una obligación que debe cumplirse de manera urgente y sin excepciones”, subrayó Hamilton. “El respeto del derecho internacional humanitario es fundamental para evitar que esta crisis siga profundizándose”.
Afectaciones humanitarias más críticas
El aumento de los enfrentamientos entre actores armados estatales y no estatales durante 2024 acentuó los desafíos en la conducción de las hostilidades, especialmente en lo relacionado con el respeto de los principios de precaución y distinción. En múltiples ocasiones la población civil quedó atrapada en el fuego cruzado, lo que la expuso a las peores consecuencias de la confrontación armada. Así mismo, se reportaron daños a bienes civiles como resultado de los combates, y casos de ocupación de bienes civiles para fines militares o para la atención de heridos.
Por otra parte, en las áreas bajo el control de actores armados, la situación para la población civil se deterioró aún más. Ese deterioro se reflejó en un aumento de violaciones al DIH, como homicidios, amenazas, violencia sexual, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como confinamientos y una preocupante estigmatización de las comunidades.
Estas dinámicas cambiantes, sumadas al comportamiento cada vez más impredecible de los actores armados, profundizaron el deterioro de la situación humanitaria en varias regiones del país. Un ejemplo especialmente preocupante de esta realidad fue el incremento en el uso de artefactos explosivos.
El CICR registró 719 personas heridas o fallecidas por distintos tipos de artefactos explosivos. Esta cifra representa un aumento del 89 % respecto a lo registrado en 2023. Entre los datos más preocupantes, destaca que el 67 % de las personas afectadas corresponde a civiles.
El confinamiento de comunidades también se agravó de manera significativa y alcanzó proporciones críticas. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 88.874 personas estuvieron confinadas en 2024, lo que representó un incremento del 89 % frente al año anterior. La restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos.
El desplazamiento, por su parte, continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados. 41.228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente, mientras que 117.697 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamientos individuales.
El CICR documentó 252 nuevos casos de desaparición en el marco de los conflictos armados durante 2024, un 13 % más que el año anterior. Los actos violentos contra la asistencia de salud también aumentaron de manera preocupante. Según la Mesa Nacional de Misión Médica, se reportaron 201 eventos relacionados con los conflictos armados, lo que representa un incremento del 44 % respecto a 2023.
El CICR continúa observando con gran preocupación el involucramiento de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados, particularmente a través de su reclutamiento, uso y utilización. A pesar del subregistro de estos casos, los equipos del CICR en los territorios observaron un evidente incremento de este fenómeno, que afecta de manera irreparable el tejido social de las comunidades.
“El reclutamiento, uso y utilización de menores de edad los expone a graves riesgos, como violencia sexual, heridas o la muerte en combate. Ningún niño, niña o adolescente debería ser involucrado en la guerra”, señaló Hamilton.
La violencia sexual continúa siendo una práctica utilizada por los actores armados para infundir miedo y ejercer control sobre las comunidades. A pesar de su gravedad, suele permanecer oculta debido al temor de las víctimas a reportar los hechos, la estigmatización que enfrentan y las barreras para acceder a atención y protección.
Estas violaciones del DIH, así como las graves consecuencias humanitarias que se derivan de ellas, evidencian que la falta de respeto a estas normas sigue condicionando de manera inadmisible la vida, la seguridad y la dignidad de la población civil en Colombia.
Las comunidades han demostrado una resiliencia admirable, pero su capacidad para resistir no puede depender solo de su fortaleza. También requiere un compromiso real y sostenido de las partes en conflicto que deben actuar de inmediato para respetar el DIH, garantizar el acceso humanitario y proteger a la población civil.
Cauca, Valle y Nariño, de las poblaciones más afectadas
Esta región del país ha registrado las mayores afectaciones por desplazamientos masivos y artefactos explosivos. Frente a este último, solo en Valle del Cauca, Cauca y Nariño reportamos 468 casos, es decir, el 65% de las personas heridas y fallecidas en todo el país. Por otro lado, Cauca es el departamento a nivel nacional donde más se han registrado víctimas por artefactos explosivos lanzados (101), en este sentido, llama la atención el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones) como medios de lanzamiento.
En relación con el desplazamiento masivo, según la UARIV, en Nariño se reportaron 15.060 personas desplazadas, ubicándolo como el departamento con más víctimas (36% del total) en todo el país, por sexto año consecutivo. En segundo lugar, está Cauca con 8.433 personas desplazadas, presentando un incremento del 75% en eventos, al pasar de 12 en 2023 a 21 en 2024. Por su parte, Valle del Cauca ocupa el sexto lugar con 1.546 personas afectadas.
Sin embargo, en desplazamientos individuales Valle del Cauca ocupa el primer puesto con 16.220 personas afectadas, seguido por Cauca el segundo con 14.476 y Nariño el tercero con 14.120. La suma de estos tres departamentos representa el 38% de las personas desplazadas a nivel nacional. Además, Buenaventura se posiciona como la principal ciudad expulsora, con 11.532 personas desplazadas, reporta la UARIV.
Lastimosamente, la desaparición en Colombia sigue siendo una realidad alarmante, por la cual seguimos acompañando a los familiares de las víctimas. El 41% de las nuevas desapariciones que documentamos en 2024, sucedieron en Cauca (54), Valle del Cauca (28) y Nariño (23). Es importante resaltar que la afectación en niños, niñas y adolescentes fue significativa: de los 61 casos de desaparición que documentó CICR en relación con el reclutamiento, el 53% se registró en Cauca.
“Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reafirmamos nuestro compromiso para mantener el diálogo bilateral y confidencial con todos los actores armados, tanto estatales como no estatales, para recordarles las reglas del derecho internacional humanitario. Además, reiteramos nuestro propósito de brindar ayuda a las comunidades. Por eso hacemos un llamado urgente a los actores armados a no involucrar a la población civil en los enfrentamientos. El cumplimiento del DIH es obligatorio: las guerras sí tienen límites”, expresó Juan Carlos Carrera, jefe de la subdelegación del CICR en Cali.
A pesar de estas cifras, el CICR en 2024 acompañó a las comunidades con 785 ayudas económicas para que las personas afectadas por los conflictos armados pudieran acceder a servicios de salud física, mental y de rehabilitación, además de brindar asistencia humanitaria a 124 víctimas de desplazamientos masivos en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Garantizamos que 600 personas en situación de desplazamiento en Cauca accedieran a elementos de aseo y agua, mientras que otras 2.100 recibieron agua potable luego de la donación de insumos.
Además, facilitamos la liberación de 22 personas en poder de grupos armados gracias a nuestro papel como intermediario neutral y acompañamos a 218 personas afectadas por artefactos explosivos para que accedieran a servicios de salud.
Actividades realizadas en 2024 Cauca, Nariño, Quindío, Tolima Y Valle Del Cauca
En 2024, nos mantuvimos aún más cerca de las poblaciones afectadas por los conflictos armados, quienes han visto el recrudecimiento de la violencia en sus territorios debido al cambio en la configuración de las partes en conflicto.
Nuestro diálogo bilateral y confidencial con todos los actores armados es un reto diario y la garantía necesaria para brindar nuestra ayuda humanitaria a las comunidades que la requieren y así mitigar los efectos de esos conflictos armados.
A pesar del aumento de la violencia, seguimos llegando a zonas con graves
consecuencias humanitarias, como enfrentamientos armados en centros
poblados; afectaciones a la población civil por la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos; ataques contra la Misión Médica y otras formas de asistencia de salud; además del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes en Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Insistimos en nuestro llamado a respetar y dejar fuera de las hostilidades a la población civil y a sus bienes, así como a quienes ya no participan en las hostilidades, pues gozan de la protección especial del derecho internacional humanitario (DIH).
En 2025 seguiremos fortaleciendo el diálogo con todas las partes de los
conflictos armados y así ampliar nuestro rol de intermediario neutral para,
entre otras situaciones, prevenir que los menores de edad sean involucrados en los conflictos armados, apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y mitigar las consecuencias humanitarias para la población civil. En nuestra respuesta multidisciplinaria buscamos también que las comunidades puedan acceder a servicios de salud, educación y agua potable.
La subdelegación de Cali del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) trabaja para beneficiar a la población que padece las consecuencias de los conflictos armados en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, regiones que concentraron más del 60 % de los desplazamientos forzados registrados en Colombia en 2024, debido a las disputas territoriales entre grupos armados no estatales y las operaciones de la Fuerza Pública.
Cifras
Las siguientes cifras reflejan el esfuerzo de nuestro equipo en el terreno para apoyar a las comunidades afectadas por los conflictos armados y parte de este trabajo lo realizamos con el apoyo de la Cruz Roja colombiana.
Protección y apoyo a las víctimas de los conflictos armados
405 familias víctimas de los conflictos armados se beneficiaron con acciones de protección para mitigar las consecuencias humanitarias de la violencia
22 personas que estaban en poder de grupos armados fueron liberadas Esto fue posible gracias a la confianza de nuestro papel como organización humanitaria neutral e imparcial
4 cuerpos de personas desaparecidas fueron recuperados en Cauca, Valle del Cauca y Nariño y entregados al Instituto Nacional de Medicina legal para realizar los procesos de identificación
179 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas fueron recibidas en los tres departamentos.
Atención en Salud Mental y física
785 ayudas económicas fueron brindadas a personas afectadas por los conflictos armados para que accedieran a servicios de salud física, salud mental y rehabilitación.
184 sesiones de Salud Mental y Psicosocial se realizaron con personas afectadas por los conflictos armados de las cuales 133 corresponden a familiares de personas desaparecidas
12 centros de salud y hospitales recibieron donaciones de material médico y se hicieron 21 entregas de indumentaria para la identificación de la misión médica
25 formaciones sobre protección de los servicios de salud en peligro y de la misión médica Se realizaron con personal sanitario y con integrantes de la fuerza pública.
46 personas recibieron apoyo a través de centros ortopédicos socios y o con apoyo complementario para acceder a la ruta de atención del estado
3 espacios de diálogo sobre primeros auxilios con fines exclusivamente humanitarios se realizaron con portadores de armas estatales y no estatales en Cauca, Nariño y Valle del Cauca
Asistencia en seguridad alimentaria y económica
3.475 estudiantes de cinco instituciones educativas en nariño y cauca fueron capacitados en el fortalecimiento de actividades productivas agrícolas esto se hizo con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo municipales autoridades indígenas y campesinas.
25 niños niñas y adolescentes participaron en espacio educativos sobre el cultivo y la preparación del café con el objetivo de promover el desarrollo de habilidades y ofrecer alternativas sostenibles de ingresos familiares en un contexto de aprendizaje.
10,000 familias afectadas por los conflictos armados lograron acceder a la ruta de atencion Estatal gracias al fortalecimiento que brindamos al Ministerio Público con dotaciones y recursos humanos
124 familias recibieron asistencia humanitaria a causa de los desplazamientos masivos en Valle del Cauca, Cauca y Nariño
Infraestructura y acceso a servicios básicos
2.100 personas en situación de emergencia lograron acceder a agua potable luego de La donación de insumos
600 personas en situación de desplazamiento en Cauca recibieron elementos de aseo y acceso al agua cinco instituciones educativas y deportivas fueron intervenidas para mejorar las condiciones educativas y recreativas de niñas niños y adolescentes y así fortalecer los entornos seguros
3 puestos de salud fueron dotados y se iniciaron actividades para mejorar la infraestructura en Cauca y Nariño
Afectación por artefactos explosivos
218 personas heridas a causa de artefactos explosivos recibieron acompañamiento para el acceso a servicios médicos
159 víctimas y sus familiares en Valle del Cauca, Cauca, Nariño recibieron orientación y apoyo económico para facilitar el acceso a la ruta de atención Estatal
509 personas de comunidades afectadas por la presencia o uso y abandono de artefacto explosivos en Cauca y Nariño recibieron capacitación sobre comportamientos seguros y apoyo para la elaboración de planes de emergencia ante estos riesgos
104 docentes se formaron para ser multiplicadores de mensajes sobre comportamientos seguros y apoyo para la elaboración de planes de emergencia ante estos riesgos. Además, se elaboraron protocolos de acción y se mejoraron las capacidades de respuesta ante los eventos por la presencia de artefacto explosivos
64 funcionarios de personerías y alcaldías del Valle del Cauca, Cauca y Nariño se formaron y actualizaron en normativas sobre rutas de atención Estatal para atención para Víctimas de artefactos explosivos
Trabajo con Cruz Roja Colombiana
12 niños niñas y adolescentes fueron formados como nuevos brigadistas de la Cruz Roja colombiana en zonas rurales donde se han intensificado las consecuencias humanitarias a causa de los conflictos armados
Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
Dialogamos con Juan Carlos Carrera, jefe de la subdelegación del CICR en Cali.
Luego de ver el informe que evidencia un aumento del conflicto, qué decirle a los caucanos sobre la esperanza?
Como Comité Internacional, nosotros pensamos y pensaremos que siempre debe haber una esperanza y para nosotros es vital trabajar en dirección del respeto al Derecho Internacional. Creemos que si todos los actores del conflcicto, gubernamentales y no gubernamentales, se comprometen y respetan el Derecho Internacional y dejan afuera de su conflicto a la población civil, siempre habrá una esperanza de mejora y por eso trabajamos y tenemos diálogos bilaterales colectivos y confidenciales con las diferentes partes para que entiendan que el respeto del Derecho Internacional, es una solución.
Ante el fraccionamiento de actores armados en este conflicto, cómo lograr que ellos lo entiendan?
Es a través de un diálogo confidencial y continuo, para tratar de una u otra manera, entender; porque no podemos cambiar, si no logramos entender el posicionamiento de las otras personas, y así mismo entender, porque se hace lo que se hace y hacerles entender los efectos de sus acciones.
Esto de la promoción del Derecho Internacional Humanitario que lo llevamos haciendo por mas de 160 años, no es un tema de velocidad sino de resistencia ; tenemos que ser contínuos, insistir en la importancia del respeto.
Lo más importante para nosotros para llegar y cambiar y entender, es acceder a este diálogo y es lo principal que pedimos: el acceso a un diálogo. Sin diálogo no va a haber comprensión y no podemos expresarles ni entender el posicionamiento que la gente tiene y tampoco podríamos sin acceso a hablar con la población civil, poder entender como nosotros podemos integrar los problemas y las necesidades dentro de nuestro diálogo.
Son fáciles las posibilidades de acceso a las comunidades?
Lastimosamente en el suroccidente de Colombia, Valle, Cauca y Nariño, el acceso a un diálogo es cada vez mas difícil debido al fraccionamiento y eso genera mucha complejidad lo que a nosostros nos implica la necesidad de tener más tiempo para poder entender el contexto, para saber con quién hablamos y de qué queremos hablar. En conclusión, ahora es más complicado y necesitamos mucho más tiempo. Además no hay que olvidar que también como Comité Interacional tenemos que pensar en la seguridad de nuestro personal y la única seguridad que tenemos es nuestro logo del Comité Internacional, pero para eso tenemos que tener la oportunidad de difundir y darnos a conocer más.
Respetan el logo del Comité Internacional de la Cruz Roja?
En Colombia, nosotros tenemos laa posibilidad de escribir estos retos humanitarios y podemos hablar con ustedes, con el Estado, con los grupos armados sobre este documento, que en ningún caso es confidencial sino que son hechos, porque el Comité quiere expresar sus preocupaciones sobre estos hechos del conflicto humanitario, yo creo que sí hay respeto, porque si no, no podríamos estar acá, no podríamos tener esa confianza de un diálogo abierto y transparente.