Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
La crisis que atraviesa El Plateado es la manifestación más cruda del abandono estatal y de la realidad que impera en muchas regiones del país donde el gobierno legítimo ha sido sustituido por estructuras de poder criminales. Ayer conocimos unos audios que no dejan margen de duda sobre la forma en que estas organizaciones operan: un líder criminal de la zona ordena que no se compre ni una arroba de coca hasta que la comunidad salga a rechazar la presencia de la fuerza pública. Es la mejor prueba de que las comunidades están siendo instrumentalizadas y de que cualquier debate sobre inversión social, desarrollo y apoyo a la población debe comenzar por una premisa fundamental: garantizar condiciones de seguridad.
Mientras el Estado no recupere el control de estas zonas, cualquier recurso que llegue, por más bienintencionado que sea, corre el riesgo de alimentar la maquinaria de los grupos armados que ejercen control sobre el territorio. No es cuestión de suponer una connivencia voluntaria de las comunidades con estos actores, sino de reconocer una realidad innegable: en un contexto en el que los ilegales dictan las reglas, los pobladores están sometidos a su voluntad. En muchos casos, no tienen opción de resistirse y, en otros, simplemente han aprendido a convivir con la situación porque no hay alternativa. El poder que ejercen estos grupos no es solo militar, sino también económico y social.
El Gobierno Nacional debe asumir con seriedad la urgencia de ejercer soberanía en estos territorios. No es suficiente con enviar inversión si no hay un control real que garantice que esos recursos no terminan cooptados por los mismos grupos que mantienen sometida a la población. Se necesita una presencia integral del Estado, que combine seguridad con oportunidades reales para la población. La ausencia de la fuerza pública en lugares estratégicos ha permitido que estos grupos consoliden su poder, y ahora se necesita una intervención decidida para recuperar estos espacios.
El Plateado es un espejo de lo que ocurre en muchas otras regiones del país. La instrumentalización de las comunidades es solo una de las múltiples estrategias con las que los grupos armados consolidan su dominio. Y mientras el gobierno no asuma el reto de recuperar estos territorios, cualquier intento de desarrollo seguirá condenado a fracasar. La única forma de romper este círculo vicioso es con una política clara y decidida que garantice seguridad y presencia estatal efectiva. Sin eso, no hay futuro posible para estas comunidades.
