Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La sanción presidencial de la Ley Antiruido es una noticia que merece ser celebrada. Aunque el trámite final tomó más tiempo del esperado, seguramente por no figurar entre las prioridades del gobierno, hoy tenemos razones para sentirnos esperanzados. Con esta ley, quienes anhelamos una convivencia libre del ruido excesivo finalmente contamos con herramientas claras para hacer valer nuestro derecho a un ambiente más saludable y armonioso.
El ruido ha sido una de las principales quejas en muchas ciudades de Colombia. No es un capricho ni una molestia menor. La Organización Mundial de la Salud ha alertado en múltiples ocasiones sobre los efectos negativos de la contaminación acústica en la salud humana: trastornos del sueño, estrés, problemas cardiovasculares e incluso consecuencias fatales. El ruido excesivo no solo afecta la tranquilidad de las personas, sino que ha costado vidas. El país ha sido testigo de episodios trágicos en los que ciudadanos, simplemente por pedir que se respete su derecho al descanso, han sido víctimas de violencia.
Ahora, con la ley en vigor, las autoridades locales tienen competencias más definidas para actuar, la regulación es más clara y las sanciones más severas. Esta es una oportunidad para que la convivencia se transforme. Que ya no se trate de un vecino desesperado llamando sin respuesta a la Policía, sino de un Estado que le ofrece soluciones efectivas. Que las quejas sobre ruido no caigan en el vacío y que la cultura del respeto gane terreno sobre la del abuso.
Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. Ahora, la carga de la reglamentación recae en el Gobierno Nacional. La ley establece lineamientos generales, pero falta definir detalles fundamentales: límites específicos para cada zona, mecanismos de medición, procedimientos para la atención de quejas y sanciones. Ojalá que, a diferencia del trámite de sanción presidencial, la reglamentación no sufra retrasos innecesarios. No debería ser necesario interponer acciones de cumplimiento para que se avance en su implementación. No puede pasar con esta ley lo que ocurre con muchas otras en Colombia: que se aprueban con entusiasmo y luego quedan archivadas en la inercia burocrática.
La sociedad civil y las autoridades locales tienen el desafío de velar por la aplicación efectiva de la norma. Las campañas de pedagogía y concienciación serán clave. Respetar los niveles de ruido no es solo un asunto de normatividad, sino de cultura ciudadana. Que se entienda que bajar el volumen no es una imposición arbitraria, sino una forma de convivencia más respetuosa.
Hoy es un día para celebrar. Hemos dado un paso firme hacia un país donde el descanso y la tranquilidad sean derechos que se puedan ejercer sin miedo. Que esta esperanza nos movilice. Que nadie más en Colombia tenga que morir por pedir que le bajen el volumen.
