El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió su decisión de no avanzar con la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, señalando que actúa conforme a la Constitución y advirtiendo sobre el riesgo de una ruptura institucional.
Por: Antonio María Alarcón Reyna
Las tensiones entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Gobierno del presidente Gustavo Petro se intensificaron luego de que el registrador Hernán Penagos decidiera no continuar con el trámite de la consulta popular propuesta por el Ejecutivo.
La decisión, según explicó Penagos, responde al principio de respeto por la Constitución y la necesidad de esperar el pronunciamiento de los jueces sobre la legalidad del decreto presidencial que convoca a dicho mecanismo de participación.
El mandatario no tardó en reaccionar, calificando la postura del registrador como un acto de “sedición contra el presidente de la República” y sugiriendo incluso una demanda en su contra. Sin embargo, Penagos aseguró que su actuación se enmarca en el cumplimiento de la ley y mostró su preocupación por los señalamientos del Gobierno nacional sobre su labor.
“Es una apreciación que inquieta, porque siempre he buscado cumplir con mi deber en el servicio público. No hago nada diferente a lo que deberían pedir todas las autoridades en Colombia: que los jueces resuelvan un debate tan grande como el que estamos viviendo. Yo cumplo con la Constitución”, afirmó el registrador en declaraciones al medio Cambio.
Penagos también advirtió que el país enfrenta una situación sin precedentes recientes y que resultaría irresponsable tomar decisiones irreversibles mientras no exista una claridad jurídica sobre el decreto.
La postura del registrador ha recibido respaldo por parte de sectores académicos y políticos. El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo calificó como “prudente” la decisión de su sucesor de abstenerse de avanzar con la consulta popular mientras las altas cortes no se pronuncien. Asimismo, tildó de “ofensivas” las declaraciones del presidente Petro, señalando que la institucionalidad debe preservarse por encima de los intereses políticos.
Cabe recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda contra el decreto presidencial y ordenó la suspensión de sus efectos, lo que condiciona cualquier acción administrativa relacionada con la consulta. Juristas y expertos en derecho constitucional coinciden en que, con esta medida, el registrador no incurre en falta alguna y no habría lugar a investigaciones en su contra.
La controversia pone de relieve un nuevo episodio de confrontación entre el Gobierno y los organismos autónomos del Estado, lo que ha generado preocupación en sectores que alertan sobre una posible crisis institucional.
