La decisión se da en un contexto de desacuerdos internos en el gabinete, particularmente con el nuevo pastor Sade, con quien la canciller habría tenido fuertes diferencias sobre el manejo del contrato de pasaportes.
A medida que se acerca la fecha límite del 1 de septiembre, Colombia enfrenta una seria crisis en la expedición de pasaportes debido a fallas técnicas en el sistema, vacíos contractuales y falta de claridad sobre la futura producción de este documento esencial. En medio del panorama incierto, la canciller Laura Sarabia presentó su renuncia, agravando aún más el escenario institucional.
La situación es crítica. Actualmente, el contrato con la Unión Temporal Documentos de Viaje, encabezada por Thomas Greg & Sons, está por expirar. Aunque el Gobierno había proyectado trasladar la producción de pasaportes a la Casa de la Moneda de Portugal, el acuerdo no se formalizó y el memorando de entendimiento suscrito en octubre de 2024 no derivó en un contrato ejecutable. A esto se suma la controversia por las cláusulas que establecen que el acuerdo se regiría bajo las leyes portuguesas, lo que provocó retrasos e incertidumbre jurídica.
Mientras tanto, la Imprenta Nacional de Colombia, inicialmente contemplada como alternativa, no estaría técnicamente lista para asumir la tarea a partir de septiembre, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio.
Ante este panorama, el Tribunal Administrativo de Caldas recibió una acción de cumplimiento con medidas cautelares que exige al Gobierno garantizar la prestación ininterrumpida del servicio. La demanda, fundamentada en el artículo 87 de la Constitución, subraya el incumplimiento del Estado al no adjudicar oportunamente un nuevo contrato que asegure la emisión de pasaportes con validez internacional. La falta de acción, advierte la demanda, podría poner en peligro tratados internacionales, incluyendo la exención del visado Schengen, al no cumplirse los estándares de seguridad exigidos por la OACI y la Unión Europea.
Como medida inmediata, la Cancillería declaró una nueva urgencia manifiesta para extender por 11 meses el contrato con Thomas Greg & Sons, mientras se ajustan las condiciones técnicas, jurídicas y económicas para implementar un nuevo modelo de fabricación con participación internacional.
La tensión institucional se profundizó con la renuncia de Laura Sarabia, quien comunicó su salida a través de la red social X (antes Twitter), tras solicitud del presidente Gustavo Petro. “He manifestado en repetidas ocasiones que no hay mayor privilegio ni honor que servir a los y las colombianas”, escribió Sarabia. La decisión se da en un contexto de desacuerdos internos en el gabinete, particularmente con el nuevo pastor Sade, con quien la canciller habría tenido fuertes diferencias sobre el manejo del contrato de pasaportes.
El excanciller y hoy precandidato presidencial, Luis Gilberto Murillo, aseguró que dejó una hoja de ruta completa para la transición, aunque Sarabia lo desmintió, afirmando que no existía un plan concreto ni se firmó contrato alguno antes de su salida del Ministerio.
Un pasaporte, múltiples precios
Además del caos institucional, los ciudadanos enfrentan otra dificultad: los altos costos y la disparidad de tarifas según la ciudad donde se tramite el documento. Aunque el trámite inicia de manera virtual, la expedición solo puede realizarse en oficinas físicas autorizadas del Ministerio o gobernaciones, y los precios varían drásticamente.
En 2025, Bogotá continúa siendo la ciudad con los costos más bajos: el pasaporte ordinario vale 186.000 pesos; el ejecutivo, 319.000; y el de emergencia, 192.000 pesos. Sin embargo, en departamentos como Norte de Santander, el ordinario puede llegar hasta los 358.350 pesos y el ejecutivo hasta 495.350 pesos, debido a los impuestos departamentales. En contraste, en lugares como Caquetá y Boyacá los precios se mantienen más bajos, con tarifas que rondan los 226.000 pesos.
Las autoridades recomiendan verificar el valor actualizado antes de agendar una cita, ya que tramitar el documento en ciudades con menor carga tributaria podría representar un ahorro importante para los usuarios.
¿Qué sigue?
El país se encuentra ante una encrucijada institucional. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán si Colombia podrá mantener la expedición regular de pasaportes y cumplir con los estándares internacionales. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan demoras, sobrecostos y una creciente preocupación por el futuro de este trámite vital para ejercer el derecho a la movilidad internacional.
