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Presidente Petro acusa a Federico Gutiérrez de estar detrás del embargo a cuentas del Estado por deuda con EPM

Durante un consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro señaló al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de promover el embargo a las cuentas del Gobierno Nacional debido a una deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Por: Alejandro Zúñiga Bolívar

En una reciente sesión del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro acusó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de estar detrás de la decisión judicial que ordenó el embargo de cuentas del Gobierno Nacional por una deuda con Empresas Públicas de Medellín (EPM). Este señalamiento ha generado un intenso debate en el ámbito político y administrativo del país.

La deuda en cuestión se refiere a subsidios tarifarios que el Gobierno Nacional debe a EPM por la prestación del servicio de energía a los estratos 1, 2 y 3. Según declaraciones del alcalde Gutiérrez, la deuda asciende a más de 83.000 millones de pesos y ha afectado la operación financiera de la empresa.

Un juez de Bogotá ordenó el embargo de las cuentas del Gobierno Nacional debido al incumplimiento en el pago de la deuda con EPM. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la empresa de servicios públicos.

Durante el consejo de ministros, el presidente Petro calificó la acción judicial como una maniobra política promovida por sectores de la oposición, específicamente señalando al alcalde Federico Gutiérrez. El mandatario expresó que esta medida afecta los recursos disponibles para la ejecución de proyectos gubernamentales y la prestación de servicios a la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde Gutiérrez rechazó las acusaciones del presidente y afirmó que la acción judicial es una medida legítima para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno con EPM. Gutiérrez enfatizó que la empresa ha intentado, sin éxito, establecer canales de diálogo con el Gobierno para resolver la deuda y que la decisión de acudir a instancias judiciales no obedece a intereses políticos.

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