Una investigación periodística señala que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres habría realizado pagos de contratos durante las gestiones de Olmedo López y Carlos Carrillo, bajo supuestas presiones de la Casa de Nariño, que podrían haber beneficiado a personas relacionadas con el ELN.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
Recientemente, una investigación liderada por la periodista Paula Bolívar ha sacado a la luz posibles irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el informe, la UNGRD habría destinado 4.500 millones de pesos en contratos de maquinaria pesada a un contratista presuntamente vinculado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La UNGRD es una entidad gubernamental encargada de coordinar la gestión del riesgo de desastres en Colombia, incluyendo la prevención, atención y recuperación ante emergencias naturales o provocadas por el hombre. Su labor es crucial para mitigar los efectos de desastres y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.
Según la investigación de Paula Bolívar, los contratos en cuestión fueron adjudicados durante la dirección de Olmedo López y los pagos fueron autorizados posteriormente por Carlos Carrillo, quien asumió la dirección tras la renuncia de López. Se alega que Carrillo inicialmente se negó a autorizar estos pagos, pero finalmente cedió ante presuntas presiones desde la Presidencia de la República.
El contratista beneficiado, García Beltrán, es esposo de Shirley García, directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) en Arauca, y sobrina de un individuo conocido como alias ‘Garganta’. Además, García Beltrán es hijo de Freddy García Hernández, alcalde del municipio de Fortul, Arauca. Estas conexiones familiares han generado inquietudes sobre posibles vínculos con el ELN, dado que alias ‘Garganta’ es identificado como miembro de este grupo armado.
Ante estas revelaciones, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, afirmó que él nunca cedió a presiones para celebrar estos contratos porque ya venían firmados y que, lo que exigió, era que se verificara que todo se hubiera cumplido. Según este alto funcionario, él no podría haber negado el pago del contrato porque el contratista terminaría demandándolo a él.
