Iris Marín, Defensora del Pueblo, solicita celeridad en la aplicación de la Ley 2292 de 2023, que permite a mujeres cabeza de familia sustituir penas de prisión por servicios comunitarios; hasta la fecha, menos de 100 han sido beneficiadas, pese a que más de 2.500 podrían acceder a este derecho.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, ha expresado su preocupación por la lenta implementación de la Ley 2292 de 2023, una normativa que busca ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia en situación de pobreza o marginalidad. A pesar de que esta ley podría beneficiar a más de 2.500 reclusas, hasta la fecha, menos de 100 mujeres han accedido a sus beneficios.
¿Qué es la Ley 2292 de 2023?
Promulgada el 8 de marzo de 2023, la Ley 2292 establece que las mujeres cabeza de familia condenadas por ciertos delitos, como tráfico de estupefacientes o hurto, o aquellas con penas inferiores a ocho años, pueden sustituir su condena de prisión por la prestación de servicios de utilidad pública. Este servicio implica trabajos no remunerados en instituciones públicas u organizaciones sin ánimo de lucro, permitiendo a las beneficiarias cumplir su pena en libertad y mantenerse cerca de sus familias.
La preocupación de la Defensora del Pueblo
Iris Marín, quien asumió el cargo en septiembre de 2024 como la primera mujer en dirigir la Defensoría del Pueblo, ha destacado la importancia de esta ley para mitigar el impacto desproporcionado que el sistema penal tiene sobre las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
Contexto y desafíos en la implementación
La Ley 2292 de 2023 fue concebida como una respuesta a la necesidad de adoptar una política criminal con enfoque de género, reconociendo que muchas mujeres involucradas en actividades delictivas lo hacen bajo condiciones de marginalidad y como únicas proveedoras de sus hogares. Sin embargo, la implementación de la ley ha enfrentado obstáculos, entre ellos la falta de difusión adecuada, desconocimiento por parte de las potenciales beneficiarias y demoras en los procesos judiciales para otorgar las sustituciones de pena.
Según datos del Ministerio de Justicia, hasta noviembre de 2024, menos de 100 mujeres han sido beneficiadas por esta ley, a pesar de que se estima que más de 2.500 podrían ser elegibles. La Comisión Asesora de Política Criminal ha señalado que, aunque la ley representa un avance significativo, su efectividad depende de una implementación adecuada y de la coordinación entre las distintas entidades involucradas.
La Ley 2292 de 2023 representa un hito en la política criminal colombiana al incorporar un enfoque de género que reconoce las particularidades y desafíos que enfrentan las mujeres en conflicto con la ley. Al ofrecer alternativas al encarcelamiento, la ley busca mitigar los efectos negativos que la privación de la libertad tiene no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus familias, especialmente cuando son el principal sustento económico y emocional.
