Por Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
El atentado terrorista en Morales no solo es un acto de barbarie, sino la manifestación más cruda del desprecio por la vida humana y el orden civilizado. En este ataque indiscriminado, que constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, se han vulnerado de manera flagrante principios fundamentales, especialmente el de distinción, que exige separar a los combatientes de la población civil en cualquier escenario de conflicto.
Lo ocurrido en Morales es inaceptable desde cualquier perspectiva. La violencia desatada no distingue entre víctimas ni respeta la más mínima consideración de humanidad. Y, si hubiera alguna forma de graduar el horror de estos actos, la afectación de menores de edad que terminaban su jornada es el abuso más grande posible. La guerra, por cruel que sea, tiene límites; el terrorismo no.
La comunidad de Morales, como tantas otras en el país, ha sido víctima del abandono del Estado y de la creciente influencia de actores armados que imponen su ley con la violencia. Este atentado no es un hecho aislado, sino parte de una realidad más amplia que sigue cobrándose vidas y destruyendo el tejido social. La población civil, atrapada entre el miedo y la incertidumbre, se ha convertido en objetivo recurrente de la violencia que debería estar erradicada de nuestra historia.
Cuando el Estado es incapaz de garantizar la seguridad en el territorio y la violencia se torna costumbre, la sociedad entera se acostumbra al miedo. Pero esto no es normal, ni puede ser tolerado. La respuesta de las autoridades debe ser contundente, no solo en la persecución y judicialización de los responsables, sino en la protección efectiva de la población civil, que no puede seguir siendo víctima de la indolencia y la negligencia estatal.
Los responsables de estos ataques no pueden escudarse en ninguna causa ni discurso. No hay ideología ni reivindicación que justifique el uso de la violencia contra la población, y menos contra los más vulnerables. Es inaceptable que grupos armados sigan aterrorizando a comunidades indefensas, atentando contra niños y niñas, destruyendo hogares y perpetuando el miedo. Cada ataque como el de Morales es un recordatorio de lo mucho que falta por hacer para que la vida, la paz y la dignidad humana sean principios inviolables en nuestro país.
La justicia debe actuar sin vacilaciones. Pero más allá de las capturas y los procesos judiciales, el Estado tiene el deber de garantizar que esta barbarie no vuelva a repetirse. Es necesario reforzar la presencia institucional en las regiones más golpeadas por la violencia, invertir en educación y oportunidades económicas, y construir escenarios de paz sostenibles. No podemos permitir que la guerra siga dictando el destino de comunidades enteras, ni que la impunidad siga permitiendo que el horror se repita.
El atentado en Morales es una herida abierta en la conciencia del país. Cada ciudadano debe rechazar con contundencia estos actos y exigir respuestas efectivas. La indiferencia y el olvido no pueden ser la respuesta. La memoria de las víctimas exige justicia y, sobre todo, acciones concretas para impedir que nuevas tragedias ensombrezcan el futuro de Colombia.
El Gobierno Nacional debe asumir con seriedad su responsabilidad en la protección de la población civil y en la consolidación de la paz. No es suficiente con declaraciones de rechazo; se requieren medidas eficaces que aseguren la presencia estatal en los territorios más vulnerables y la erradicación definitiva de estos grupos armados. No se trata solo de Morales, sino de todo un país que merece vivir sin miedo.
